Desde el año 1979, el Estado Francés en la mayoría de los casos acompañado de excepciones de otros Estados, viene utilizando una práctica desde todos los puntos de vista ilegal, cual es la ENTREGA de nuestros familiares pres@s y exiliad@s a manos de las distintas policías españolas y que con el paso del tiempo se ha convertido en un procedimiento habitual.
Afirmamos que es una estrategia habitual poque basta recordar a todos los presentes que son ya 219, aproximadamente el 20% de nuestros familiares exiliados, a los que desde el año 1979 y tan solo desde el Estado francés se les ha aplicado este proceso de ENTREGA a manos de las distintas policías y Guardia Civil, permaneciendo aun hoy en día muchos de ellos en las cárceles españolas, como es el caso del preso navarro Kiko Martínez Apestegia.
En primer lugar quisieramos aclarar las diferencias que existen entre una extradición y una entrega, lo que nos permitirá discernir entre una práctica que tiene una base legal reconocida internacionalmente (pese a que en su aplicación se cometan infinidad de irregularidades) y otra sin la más mínima justificación legal y basada exclusivamente en intereses políticos y policiales.
Durante un proceso de EXTRADICIÓN las autoridades españolas tanto policiales como judiciales deben aportar pruebas inculpatorias contra nuestros familiares presos o detenidos, (la experiencia nos ha demostrado que estas normalmente están arrancadas bajo torturas a otros detenidos), tras lo cual comienza un proceso judicial en el Estado francés donde se decide o no la concesión de la EXTRADICIÓN por unos supuestos delitos concretos. La culminación de este proceso se realiza con la entrega del detenido al JUEZ en nuestro caso de la Audiencia Nacional que decide su ingreso en prisión y su posterior enjuiciamiento. Esta realidad aunque en su aplicación práctica tenga innumerables irregularidades está contemplada en el Derecho Internacional luego podemos decir que es una herramienta LEGAL.
En el caso de la ENTREGA sin embargo no existen sin embargo acusaciones previas, luego el detenido debería de quedar eln libertad una vez cumplida su condena, pero por arete de magia y grandes dosis de cinismo son esposados y cnducidos a la frontera donde son entregados a la Guardia Civil quien automáticamente procede a aplicar sus métodos de persuasión que aquí conocemos desgraciadamente a la perfección durante 3 a 5 días. Consecuencia de este trato brutal nos encontramos con gran parte de nuestros familiares encarcelados, e inmersos en ennumerables sumarios que surgen de la nada como si de setas se tratara, pasando de ser un prisionero sin causas en el Estado español a ser acusado de delitos que plueden condenarle a cientos de años de prisión.
Resulta difícil de expresar en palabras qué supone para nuestros familiares represaliados y para todos nosotros mismos un proceso de entrega. Utilizamos e término PROCESO DE ENTREGA pesto que no es un hecho puntual sino un proceso que pese a su ilegalidad, está perfectamente planificado y tiene unos fines concretos con consecuencias traumáticas para nosotros y nosotras.
Antes de seguir adelante quisiéramos aclarar una cuestión de términos: Cuando hablamos de ENTREGA nos estamos refiriendo a la "EXPULSIÓN ADMINISTRATIVA", término utilizado por los gobiernos español y francés para disfrazar con una pátina aséptica de procedimiento administrativo lo que en la práctica es una entrega a manos de la policía y la Guardia Civil españolas para, bajo el amparo de la Ley Antiterrorista, arrancar confesiones mediante la práctica brutal de la tortura. Queremos recordar también que el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos dice que: NADIE SERÁ ENTREGADO A UN PAÍS EN EL QUE EXISTA RIESGO DE SER VÍCTIMA DE TORTURA O MALOS TRATOS, y como demuestran numerosas denuncias y testimonios de ciudadanos y ciudadanas vascas que han sido detenidos, esta práctica es desgraciadamente habitual en comisarías y cuartelillos del Estado español.
Atendiendo a la experiencia de las más de 200 personas que han sido entregadas, podemos afirmar que al menos se cometen cuando menos las siguientes irregularidades:
Para terminar, comentar que como hemos podido ver en las distintas experiencias de entregas, estas carecen de ninguna base de justificación legal, y son parte de una estrategia político-policial, llamada eufemística y cínicamente por el Ministerio de Interior español "Cooperación Internacional", para reprimir a nuestros familiares presos y refugiados, llegando a darse el macabro caso, como fue en el de Aizpurua Aizpuru, de que después de haber sido torturado y encarcelado en el Estado español el Tribunal Administrativo de París declaró ilegal su expulsión, ya que le fue notificada en el momento de su entrega en la frontera española y no se le dió opción a recurrirla con anterioridad a su expulsión.
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